Allen Loughry, Robin Davis, Elizabeth Walker and Margaret Workman.

4 jueces de la Corte Suprema de West Virginia a juicio político

Los 4 magistrados fueron acusados de malversación administrativa y de gastar excesivamente en la renovación de sus oficinas.

(POLÍTICA YA).- Cuatro  jueces de la Corte Suprema de Justicia de West Virginia fueron impugnados acusados de malversación administrativa y de supestamente haber gastado excesivamente en la renovación de sus oficinas.

La Cámara de Delegados de West Virginia aprobó 11 de los 14 artículos de la acusación total el lunes por la tarde y el martes por la mañana, con lo que envían a los jueces suspendidos a juicio en el Senado estatal.

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La presidenta del Tribunal Supremo, Margaret Workman, y los jueces Robin Davis, Allen Loughry y Beth Walker fueron acusados por falta de supervisión administrativa de la corte.

El quinto miembro del Tribunal, el juez Menis Ketchum, renunció en julio y aceptó declararse culpable de fraude electrónico. Se realizará una elección especial para reemplazarlo.

VEHÍCULOS PÚBLICOS, TARJETAS DE CRÉDITO

Según la acusación, los jueces presuntamente abusaron del uso de vehículos públicos y tarjetas de crédito y gastaron millones de dólares para renovar sus cámaras.

Los magistrados también pagaron en exceso a jueces de mayor rango y no cumplieron con sus deberes administrativos, según los artículos de la acusación.

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Workman, Davis y Loughry fueron acusados por autorizar el pago excesivo de jueces de alto rango, una violación de la ley estatal.

Davis y Loughry fueron impugnados por sus papeles en lujosos gastos de renovación en sus respectivas oficinas judiciales.

También se adoptaron otros artículos de impugnación que tenían como objetivo a Loughry por su uso privado de los recursos del estado, incluidos muebles, computadoras y vehículos.

REDUCIDO MANDATO

Allen Loughry, Robin Davis, Elizabeth Walker and Margaret Workman.
CNN

Los magistrados de West Virginia normalmente cumplen 12 años de mandato, pero pueden ser acusados por “mala administración, corrupción, incompetencia, inmoralidad grave, negligencia en el cumplimiento de sus deberes o cualquier delito o delito grave”, según la constitución del estado.

Una condena debe ser respaldada por al menos dos tercios de los miembros del Senado estatal.

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Se supone que el presidente del Tribunal Supremo presida las audiencias de juicio político o impugnación, pero como Workman había ocupado ese puesto y se lo enjuiciará, el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Cabell, Paul T. Farrell, juró como jefe de justicia interino la semana pasada.

Antes de la clausura, la Cámara de Delegados adoptó una resolución para censurar a la Jueza presidenta Workman y los jueces Davis,  Loughry y  Walker. Otra resolución que habría censurado a los ex jueces Benjamin y  Ketchum fue remitida al Comité Judicial.

Los demócratas de la Cámara también presentaron el proyecto de ley la Cámara de Representantes 201, que permitiría una elección especial dentro de los 120 días para cubrir las vacantes en el tribunal que ocurren debido a juicio político, condena en el Senado y remoción del cargo.

 

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