24 millones de personas serían afectadas por norma de “carga pública”

24 millones de personas serían afectadas por norma de “carga pública”

El DHS hizo oficial este miércoles su propuesta de modificar el criterio para determinar quién podría ser una “carga pública”.

(POLÍTICA YA). – Este miércoles se hizo oficial la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump de modificar las normas para determinar quién podría ser una “carga pública”, con lo que haría más difícil para los inmigrantes que han recibido algunos beneficios públicos obtener la residencia permanente o la ciudadanía.

Un nuevo informe del Instituto de Política Fiscal revela que aproximadamente 24 millones de personas y 9 millones de niños menores de 18 años podrían ser afectados por la propuesta.

La cifra incluye tanto a los solicitantes elegibles a los que se les negaría una “Green Card” o visa como resultado de la obtención de beneficios públicos y a los inmigrantes que estarían demasiado temerosos de sus consecuencias, como para solicitar beneficios primer lugar.

Según el propio cálculo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta regla afectaría anualmente a unos 900,000 solicitantes de tarjetas de residencia y visas dentro de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la propuesta este miércoles en el Registro Federal, con lo que se inició un período de 60 días, que termina el 10 de diciembre, para que el público envíe sus comentarios sobre las nuevas normas.

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Según la ley, el DHS está obligado a revisar los comentarios y abordar las observaciones sustanciales antes de emitir una regla final.

“El DHS propone exigir a todos los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estado para demostrar que no han recibido, no están recibiendo actualmente, ni es probable que reciban, beneficios públicos según lo definido en la regla propuesta”, dice el documento publicado este miércoles.

MAYOR CARGA PÚBLICA

La propuesta del DHS ampliaría la definición de “carga pública” para el otorgamiento de visas, un concepto que se remonta al menos a la Ley de Inmigración de 1882 y se define como alguien que depende principalmente de la asistencia del gobierno.

Sin embargo, esa ley solo incluía asistencia en efectivo, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social.

En cambio, la nueva norma incluiría beneficios más utilizados, como Medicaid, cupones de alimentos, asistencia para vivienda y el subsidio de medicamentos de Medicare para personas de la tercera edad con bajos ingresos.

La nueva norma además eleva la cantidad de dinero que debe recibir de ingresos un inmigrante para probar que no es una carga pública.

Según la ley federal, el inmigrante debe demostrar que tiene suficientes ingresos, definidos por el Congreso como un 125% por encima de la línea federal de la pobreza, que actualmente es de $20,575 para una pareja sin hijos.

Con la regla de “carga pública”, el DHS crearía una nueva serie de requisitos financieros que exigirían un ingreso de 250% por encima de la línea de la pobreza.

Eso significaría $41,150 para la mayoría de las parejas sin hijos, o $73,550 para una familia de cinco integrantes.

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REACCIONES CONTRARIAS

Tan pronto fue publicada la propuesta, también se hicieron públicas las críticas a la medida, tanto de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, como de organizaciones profesionales.

Una carta firmada por más de 1,500 grupos, que incluye a la Academia Americana de Pediatría, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, resalta los efectos negativos que podría tener la nueva norma sobre la salud de los inmigrantes.

“Con su efecto generalizado, la norma descuenta la contribución de las familias trabajadoras”, dice la carta obtenida por el diario The Washington Post.

Congelaría el acceso a programas críticos que ayudan a los inmigrantes que pagan impuestos y a sus familias a acceder a la atención médica, alimentos y otras necesidades esenciales”, advierte la misiva.

“Esta propuesta de carga pública presenta a las familias inmigrantes un dilema imposible y verdaderamente injusto, que es mantener a sus familias saludables y utilizar los servicios de pan y mantequilla o el riesgo de ser separados y renunciar a los servicios vitales”, dijo al diario la pediatra Julie Linton.

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Inmigración, Carga pública