Corte Suprema permite al gobierno implementar norma de “Carga Pública”

Corte Suprema permite al gobierno implementar norma de “Carga Pública”

El tribunal levantó una orden judicial a nivel nacional impuesta a la medida por un juez de distrito en Nueva York.

(POLÍTICA YA). –  La Corte Suprema permitió este lunes al gobierno del presidente Donald Trump empezar a implementar su polémica norma de “Carga Pública” para negar a inmigrantes la “Green Card” si han usado, o podrían usar en el futuro, programas sociales como Medicaid y las Estampillas de Alimentos.

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El tribunal levantó una orden judicial a nivel nacional impuesta por un juez de distrito en Nueva York que bloqueaba la implementación de la medida, lo que significa que la administración puede comenzar a aplicar los nuevos estándares.

El procurador general Noel Francisco apeló esa decisión ante la Corte Suprema, pidiendo a los jueces que permitan que la regla entre en vigencia mientras se desarrolla el proceso de apelaciones.

Al señalar otros desafíos legales a la regla en otros casos, Francisco dijo que la orden judicial a nivel nacional perjudica “el interés de este Tribunal en permitir que un problema se filtre en las cortes inferiores”.

Los cuatro jueces liberales de la corte no estuvieron de acuerdo con la acción.

NUEVOS CRITERIOS

La regla de “Carga Pública” establece nuevos criterios para determinar quién puede ser considerado dependiente del gobierno de Estados Unidos para recibir beneficios, por lo que no es elegible para recibir la residencia permanente.

La medida fue anunciada en agosto de 2019 y debió empezar a implementarse en octubre.

Al anunciar la regla, el gobierno del presidente Trump dijo que su intención es que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos, no aquellos que “dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”.

Pero la nueva norma fue inmediantamente repudiada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y varios estados que argumentaron que los cambios penalizarían a los inmigrantes que dependen de la asistencia temporal del gobierno, e impondrían costos adicionales a los estados.

Para implementarla, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) buscarán si en el pasado el solicitante de la visa recibió ayuda de ciertos programas sociales públicos durante 12 meses en un período de tres años.

Pero otros factores también serán tomados en cuenta por los oficiales, que tienen la facultad discrecional de denegar la solicitud de visa si determinan que el solicitante podría utilizar los beneficios públicos en el futuro.

La riqueza, la educación, la edad y las habilidades en el idioma inglés cobrarán mayor importancia en el proceso de obtención de una”Green Card”, un paso necesario antes de poderse convertir en ciudadano naturalizado.

Según el propio cálculo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta regla afectaría anualmente a unos 900,000 solicitantes de tarjetas de residencia y visas dentro de EE.UU.

Pero la nueva norma podría perjudicar además a unos 24 millones de personas y 9 millones de niños menores de 8 años, según cálculos del Instituto de Política Fiscal.

Hasta 6.8 millones de niños ciudadanos estadounidenses inscritos en Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) con padres que no son ciudadanos podrían verse afectados por la nueva regulación, según un estudio del Centro de Políticas de Salud del Instituto Urbano.

 

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